Por Luis Eduardo Esquivel
Abogado, profesor universitario y parte del equipo técnico del Grupo San Juan
El subsuelo de la Patria sublevado se reunía en la Plaza de Mayo aquel histórico 17 de octubre de 1945 exigiendo la liberación de uno de los presos políticos más emblemáticos de la historia nacional: Juan Domingo Perón. Desde entonces, hemos conmemorado el Día de la Lealtad anualmente, y ríos de tinta se han invertido en el análisis de las consecuencias de la llegada del peronismo al poder desde varias perspectivas: sociológica, histórica, económica, política y cultural.
Uno de los hechos que suele pasar desapercibido en este relato es la utilización histórica de una herramienta por parte de los grupos concentrados de poder: la función jurisdiccional y las detenciones arbitrarias. En 1945 Perón se encontraba detenido de forma ilegal en la Isla Martín García y esto convocó al pueblo a salir a las calles y reclamar su libertad. Pero, desafortunadamente, el General no fue el primer (ni sería el último) preso político de nuestra historia.
Un breve repaso de la historia nacional nos muestra que la oligarquía cipaya y pro colonial ha alcanzado un alto grado de concentración de la riqueza, no sólo mediante la corrupción e instrumentos económicos-legales (por ejemplo, el empréstito Baring Brothers o la Ley de Enfiteusis rivadaviana), sino que también han utilizado a la prensa y a la función jurisdiccional (ejercida en conjunto por el poder ejecutivo y el judicial) como herramienta de presión, desprestigio y persecución a aquellos grupos y personas que han afectado sus intereses.
Conforme la tradición republicana, recogida en el texto constitucional de 1853, el Poder Judicial es quien ejerce primariamente la función jurisdiccional en forma imparcial, impartial e independiente. Tal es así, que la imagen tradicional de la justicia que decora nuestros tribunales es la de una mujer sosteniendo una balanza en sus manos mientras una venda cubre sus ojos. Ahora bien, observando el comportamiento judicial en el proceso en ausencia contra Rosas, las denuncias a legisladores socialistas de principio del siglo XIX, y la persecución judicial y detención de Yrigoyen, ¿alguien puede afirmar que la Justicia fue alguna vez imparcial, impartial e independiente?
Estos grupos de poder han utilizado diversos mecanismos para conservar y ampliar su poderío económico y político, tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos. La herramienta principal con la que cuentan es la creación y reproducción de un sentido común (un relato) que responde a una visión de la historia y la sociedad cipaya que enaltece el rol de semicolonia del país y repudia cualquier intento de soberanía nacional. A su vez, para lograr este objetivo, desprestigia y demoniza a quienes se oponen a esta visión, y a tal fin utilizan argumentos tales como: “son populistas”, “se robaron todo”, “atentan contra las instituciones”, etc.
Tomemos por ejemplo la consolidación de la noción de una Argentina gloriosa durante los gobiernos liberales (desde 1862 hasta 1916 o 1945), idea repetida incluso en la actualidad por varios detractores del peronismo. Dicha construcción no es para nada accidental, sino que responde a un objetivo político, al afirmar que la riqueza del país empezó a decaer con la ampliación de la participación política, ya sea con la primera elección presidencial donde se implementó el sistema de votación de la Ley Saez Peña, o con la llegada del peronismo al escenario político. Esta idea fue implementada y replicada por políticas educativas y culturales del propio Estado, pero además fue impulsada por la prensa (no debemos olvidar el origen partidario del diario La Nación, por ejemplo), y por las obras de intelectuales que bajo un halo de neutralidad se encargan de proclamar estos conceptos.
Ahora bien, ¿qué rol tomó el Poder Judicial en este contexto? Desde la persecución judicial a Juan Manuel de Rosas que permitió a las primeras presidencias instalar su imagen como “tirano” y contraponer su modelo de Argentina civilizada, ilustrada, portuaria y europea, el órgano judicial funcionó en forma conjunta con el poder mediático, político y económico para la creación de un “sentido común” favorable a la mirada liberal cipaya de unitarismo.
Durante esta supuesta época gloriosa, específicamente en 1912, se produce el Grito de Alcorta, una protesta de arrendatarios rurales que pone en jaque los intereses de los grandes terratenientes. La primera reacción de los estos y sus socios fue el descrédito de los principales referentes (como Federico Netri) por medio de la prensa y a su vez el inicio de causas por corrupción contra ellos. Vemos entonces que el Poder Judicial se convierte en un instrumento “de guerra” por parte de estos sectores para defender sus intereses, práctica que en ese entonces estaba en pleno desarrollo y que hoy vemos (bajo el nombre de lawfare) proliferando en toda la región latinoamericana contra aquellos líderes y funcionarios que han promovido una latinoamérica justa, libre y soberana.
Analizando este contexto podemos apreciar con mayor precisión que el 17 de octubre de 1945 sucedió algo histórico e inédito cuando el pueblo exigió la liberación de Perón, detenido por oponerse a los intereses de la oligarquía, dado que implicó la llegada de un gobierno nacional y popular a la Casa Rosada, resistiendo los embates diplomáticos, judiciales y mediáticos.
Sin embargo, en los años posteriores a la Revolución Fusiladora sólo vemos un recrudecimiento de este lawfare con la propagación de procesos judiciales contra Perón y sus funcionarios, junto con la proscripción y las detenciones arbitrarias. Este trabajo fue complementado por intelectuales y medios que hablaban del tirano prófugo, el fin de la segunda tiranía, etc. Un ejemplo claro del uso de la función jurisdiccional como arma se da tras el golpe de 1976 cuando se detiene a la Presidenta depuesta Isabel Perón y se la imputa por malversación de fondos públicos, utilizando como prueba facturas por la compra de jamón, almendras y golosinas.
Cabe señalar que hasta ese momento aún no se encontraba aceitado el sistema de lawfare como lo conocemos hoy en día. Particularmente, esto se debe a que en ese entonces el imperialismo se enfrentaba a los gobiernos populares mediante los golpes ejecutados por las Fuerzas de Seguridad (con la conocida Doctrina de Seguridad Nacional), y porque en Argentina aún no estaba concentrado el poder mediático en la forma que se encuentra actualmente (tras los negociados en el caso PAPEL PRENSA entre la dictadura y los grupos mediáticos). La actuación de diversos jueces en la región que han proscripto y detenido líderes populares y funcionarios de sus gobiernos hacen ver que hoy el medio de enfrentamiento contra estos gobiernos no son las Fuerzas, sino el Poder Judicial. No quedan dudas entonces de que una de las funciones fundamentales del Estado, pensada como un contrapeso que garantice el correcto funcionamiento del mismo, se convirtió en una herramienta de aquellos que buscan someternos a intereses foráneos (mientras aumentan su poderío y fortuna).
Afortunadamente, el siglo XXI nos regaló otro hecho histórico: la llegada de Néstor y Cristina a la presidencia. Ambos impulsaron políticas para lograr un Poder Judicial realmente representativo de los intereses del pueblo, tal como puede apreciarse en la renovación de la Corte Suprema y la reanudación de los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Lamentablemente, estos esfuerzos no lograron ser cristalizados y la reforma del Poder Judicial impulsada por Cristina en su último mandato no logró ser implementada del todo.
Así hemos visto que la llegada de Cambiemos al poder en 2015 significó una continuidad y recrudecimiento del uso del lawfare. Mientras los mismos de siempre se enriquecían, desfilaban en los medios nombres, conceptos difusos y mentiras: Cristina, Boudou, se robaron todo, la Morsa, Nisman, Timerman, 3 PBI, la ruta del dinero K, los bolsos de López, etc.; y, como contrafigura a todos estos conceptos, Macri, Vidal, Carrió y compañía se arrogaron la representación de la República, la civilización, la meritocracia y el cambio. El resultado fue una sociedad indignada que se encontraba bombardeada por noticias (en diarios y redes) de una presunta impunidad, mientras se abrían causas -a veces con fotocopias de cuadernos -, se difundían presuntos hechos de corrupción, y muchos compañeros (e incluso sus familiares) sufrieron imputaciones e incluso detenciones ilegítimas de su libertad. Estas medidas desde ya no fueron accidentales, dado que fue este relato armado por el macrismo de la “pesada herencia” que dejó la “barbarie peronista” lo que justificó todos los desmanejos de su gobierno (la deuda, la bicicleta financiera, la fuga, etc).
Afortunadamente, en épocas recientes, se empezó a desnudar el mecanismo por el cual el macrismo interfirió en la justicia mediante una mesa judicial, espionajes ilegales, detenciones arbitrarias, etc. Cambiemos entregó una justicia dominada absolutamente por el poder político, dado que creó un sistema perverso para legitimar la persecución judicial que escondía la concentración de su poderío económico.
Si bien anteriormente se mencionó la coordinación entre el Poder Ejecutivo, los medios y los grupos económicos para presionar al Poder Judicial, cabe mencionar un actor esencial en este escenario: los servicios de inteligencia. La reforma de los servicios de inteligencia es otra de las deudas pendientes de la democracia (de allí el acierto de nombrar a Caamaño como interventora de la AFI), y esto es algo que quedó en evidencia tras la muerte del fiscal Nisman y la investigación alrededor de la figura de Jaime Stiuso.
Sobre estos servicios los “republicanos” de Cambiemos se apoyaron para espiar y presionar dirigentes y empresarios (con la clara dirección y coordinación de Macri, Marcos Peña y Arribas), tal como se ejemplifica en las diversas denuncias contra D´Alessio, a quien tras una serie de audios y videos se le imputa presionar a empresarios para declarar como arrepentidos, y así justificar las causas de corrupción contra funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina.
Alberto se encuentra con este escenario, y entre el manejo de la pandemia y una situación económica compleja, presentó en el Congreso un proyecto de Reforma Judicial. Esta presentación, realizada en una conferencia con el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, provocó la inmediata reacción de la oposición y los medios al proyecto de reforma judicial (incluso antes de leerlo). Incluso han llegado a legitimar la presión mediática sobre los jueces, escondida tras la “libertad de prensa”. Esta reacción ha permitido apreciar la necesidad de impulsar esta reforma. Si bien se quiso instalar la idea de una gravedad institucional, la reforma es más técnica que política, más concreta que sistémica, pero sin dudas necesaria. Si algo debemos reconocer a la oligarquía es que tienen más de 100 años de experiencia en utilizar el lawfare para alcanzar sus objetivos, y para no mantener un régimen neo-colonial se debe poner fin a este mecanismo.
De esta forma apreciamos que la Reforma Judicial no es un mero capricho, es un deber del movimiento nacional y popular asegurar que existan medios que impidan la persecución judicial y las detenciones arbitrarias. El Poder Judicial es uno de los órganos esenciales del Estado y, a pesar de que a veces se le niegue tal carácter, tiene un rol y una función política. Sus decisiones forman opinión pública, tienen efectos jurídicos y fácticos, y forma parte de los mecanismos que utiliza el Estado para alcanzar sus fines.
En un país soberano la justicia garantiza el orden social, al reemplazar la venganza privada como medio de solución de controversias, pero en un régimen semicolonial (o que aspira a serlo) se ve reducida a un mero verdugo obediente que está a la espera de órdenes que le llegan de la Casa Rosada (o la Sociedad Rural, el FMI, o alguna Embajada ubicada en el barrio de Palermo). Como militantes nos encontramos con el desafío de poner en jaque el orden establecido y el sentido común extranjerizante, y a tal fin cuestionamos aquellas premisas que parecen obvias y evidentes. En este caso debemos preguntarnos: ¿cómo logramos una Patria justa, libre y soberana cuando el mismísimo Poder Judicial es injusto y se degrada a una simple herramienta de quienes sólo nos quieren ver como una colonia?
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