Por Federico Sciorra Mei
Miembro de la Secretaría de Formación Política
Organización Peronismo Militante Tres de Febrero
Un día como hoy, hace 44 años, se concretaba el golpe de Estado de 1976 dando origen al llamado “Proceso de Reorganización Nacional” e inaugurando la etapa más sangrienta, tenebrosa y triste de nuestra historia como Estado-Nación. Durante los años transcurridos entre 1976 y 1983, el país estuvo sumergido en el terror. En términos políticos, el Estado se convirtió en la herramienta de secuestro y exterminio de aquellos que luchaban por la justicia social, y, en términos económicos , significó la sumisión al imperialismo norteamericano que avanzaba en toda América Latina a través del Plan Cóndor.
Hoy nuestro deber como militantes es recordar, darle fuerza a la memoria, visibilizar a aquellos que son olvidados con el paso de los años y gritar más que nunca, desde nuestros hogares, que pedimos MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA por nuestros compañeros.
Desde este humilde espacio, haciendo ejercicio de la memoria y reflexión, hemos decidido investigar sobre la represión sufrida por el sector obrero y sus dirigentes sindicales. Para la década del '70, el sindicalismo argentino representaba la columna vertebral del peronismo. Sus estructuras sindicales estaban fuertemente centralizadas, lo que le permitía defender los derechos laborales con una fortaleza única en América Latina. Las tasas de afiliación se mantenían elevadas, había fuerte representación de delegados y subdelegados en los puestos de trabajo, y sus dirigentes sindicales accedían a cargos públicos de gestión.
Partiendo de este panorama, entendemos que el sindicalismo argentino se convertía en el primer obstáculo para la dictadura cívico-militar, en su afán de implantar un modelo económico dependiente. Para conseguir debilitar esta estructura sindical dictarán un compendio de leyes que limiten su accionar y ejecutarán una feroz persecución a dirigentes, delegados y subdelegados con apoyo de un sector de la sociedad civil.
Hoy nuestro deber como militantes es recordar, darle fuerza a la memoria, visibilizar a aquellos que son olvidados con el paso de los años y gritar más que nunca, desde nuestros hogares, que pedimos MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA por nuestros compañeros.
Desde este humilde espacio, haciendo ejercicio de la memoria y reflexión, hemos decidido investigar sobre la represión sufrida por el sector obrero y sus dirigentes sindicales. Para la década del '70, el sindicalismo argentino representaba la columna vertebral del peronismo. Sus estructuras sindicales estaban fuertemente centralizadas, lo que le permitía defender los derechos laborales con una fortaleza única en América Latina. Las tasas de afiliación se mantenían elevadas, había fuerte representación de delegados y subdelegados en los puestos de trabajo, y sus dirigentes sindicales accedían a cargos públicos de gestión.
Partiendo de este panorama, entendemos que el sindicalismo argentino se convertía en el primer obstáculo para la dictadura cívico-militar, en su afán de implantar un modelo económico dependiente. Para conseguir debilitar esta estructura sindical dictarán un compendio de leyes que limiten su accionar y ejecutarán una feroz persecución a dirigentes, delegados y subdelegados con apoyo de un sector de la sociedad civil.
El sindicalismo como enemigo interno
“… Sin embargo, otra forma de guerra de guerrillas, probablemente incluso más insidiosa, y a la cual se le ha prestado -hasta el momento- muy poca atención, está en plena operación en Argentina. Es la guerra que la guerrilla industrial está llevando a cabo, que opera en la planta de producción, en el sindicato y, cada vez más, en concierto con la gerencia. Sus tácticas son las usadas por sus pares rurales y urbanos, pero perfeccionadas de acuerdo a las necesidades de su medio ambiente específico. Ésta tiene como objetivo radicalizar a los trabajadores, alienarlos de sus dirigentes legítimos y de su gobierno y ganarse su apoyo y solidaridad para así poder convertirlos en sus serviciales cómplices o dóciles seguidores….”
Este pequeño extracto es un documento emitido por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires el 02/12/1975 que permite comprender cuál era la visión que tenía el imperialismo de la organización sindical Argentina.
Concretado el golpe de Estado, el 24 de Marzo de 1976 comenzaría un proceso de persecución, detención, asesinato y desaparición de los principales dirigentes sindicales con una clara intención de disciplinar a los trabajadores y así llevar a cabo la destrucción del entramado industrial vigente hasta ese momento. El mismo día son detenidos y desaparecidos Francisco Isauro Arancibia (Dirente de ATEP), René Salamanca (Ex secretario general de SMATA) y Manuel Ascencio Tajan (FOTIA) siendo esta una demostración de lo que sucedería los siguientes años.
Entre 1976 y 1977 se registrarán la mayor cantidad de detenciones y desapariciones de delegados de fábrica, subdelegados, trabajadores y dirigentes entre los que podemos destacar:
- Benito Romano (Dirigente de FOTIA 14/04/1976)
- Oscar Ventura Liwacki (Secretario general de la Federación de Empleados de Comercio de San Fracisco, dentro de la CGT regional 12/05/1976)
- Secundino Vallejo (dirigente rural FATRE)
- Fortunato Leandro Fote (Dirigente de FOTIA 01/12/1976)
- Jorge Di Pasquale (Secretario general de farmacia 28/12/1976)
- Marina Vilte (Secretaria general del sindicato de maestro de la provincia de Jujuy 31/12/1976)
- Damian Octavio Marquez (Ex secretario general de la CGT Regional 13/01/1977)
- Oscar Smith (Secretario general del Sindicato Luz y Fuerza 11/02/1977)
- Antonio Alejandro Casaretto (Dirigente gremial de la unión obreros y empleados municipales)
La política antisindical
La política económica desplegada por la dictadura tenía como objetivo desbaratar el entramado industrial y acoplarse al mercado internacional con un modelo basado en la renta y el sistema financiero. Para lograr este cometido el principal escollo era la resistencia sindical desplegada en las fábricas, por lo que desde el Ministerio de Economía, dirigido por Martínez de Hoz, se sancionaron leyes para limitar la acción sindical: Ley 21.261 (24/03/1976): Suspendió el derecho a huelga, Ley 21.263 (24/03/1976): Eliminó el fuero sindical, Ley 21.400 (03/09/1976): Llamada de “Seguridad Industrial” prohibió el derecho a huelga y a toda medida de fuerza que “mermara” la producción de las empresas, estableciéndose penas para aquellos trabajadores que participen de estas acciones y se le concedió a las empresas la posibilidad de despedir sin indemnización, a disposición del poder ejecutivo; Ley 21.356 (22/06/1976): Facultó al Ministerio de Trabajo la intervención de las asociaciones gremiales, suspendió elecciones de delegados como así también celebración de asambleas o congreso. El otro aspecto que atacaron fueron los derechos laborales y se sancionaron: Ley 21.307 (07/05/1976): Se facultaba al Poder Ejecutivo fijar los aumentos de salarios y se suspendían las comisiones paritarias de todos los convenios colectivos, Ley 21.279 (13/05/1976): Derogó 27 artículos y modificó otros 99 de la ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. Particularmente, se suprimieron artículos relacionados a los derechos de la mujer trabajadora y eliminó el carácter tuitivo de la ley frente al trabajador; Ley 21.260 (24/03/1976): “Ley de empleados públicos” que autorizaba dar de baja al personal vinculado a actividades de caracteres subversivos o disociadores.
La última ley que creemos fundamental destacar es la 22.105 (20/11/1979) ya que termina de evidenciar el objetivo de la política laboral de la Dictadura: destruir el modelo sindical peronista al disolver la CGT y prohibir a las organizaciones sindicales exceder su representación por fuera del marco provincial. El art. 8 prohibió la participación o identificación política de las asociaciones gremiales y el art. 9 le quitó la administración de las obras sociales.
Estas medidas que debilitaron el movimiento obrero, junto a medidas económicas anunciadas por el ministro Martínez de Hoz, llevó a que el Ingreso Nacional pasara de 48% en 1974 a 30,8% en 1983, la dotación del personal publico cayó un 14% entre 1974 y 1983, el salario registró una pérdida del 28% entre 1974 y 1983, se cerraron cerca de 20 mil establecimientos fabriles, cayó el empleo industrial y su peso en el PBI pasó del 28% en 1974 a 22% en 1983.
El carácter Cívico de la dictadura
La represión sobre el arco sindical tuvo una particularidad: muchas de las detenciones y secuestros se llevaron a cabo dentro de las fábricas en los sectores o puestos de trabajo con la participación activa de los directores de las empresas. Los principales sindicatos afectados han sido la industria azucarera, metalúrgicos, automotrices, astilleros, empresas de servicios públicos, entre otros.
Con el retorno de la democracia y, particularmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, avanzaron las causas judiciales contra diferentes sectores de la sociedad cívica.
Se destacan, entre otras, las causas de:
Mercedes Benz: Empresa automotriz. En noviembre de 2014 se solicitó la declaración indagatoria de dos directivos de la empresa en torno a su participación en el secuestro de trabajadores, aporte de información a las fuerzas de represión, aportes económicos, entre otros. Hasta el día de la fecha se reconocen 20 víctimas en esta causa de las cuales 15 permanecen desaparecidas.
Monilos Río de la Plata: Empresa agroalimentaria. En mayo de 2013 se presentó una denuncia “para que se investigue la complicidad de los propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de Molinos en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de trabajadores”. Hasta el día de la fecha se reconocen 27 víctimas de las cuales 21 permanecen desaparecidas, 4 asesinadas y 1 víctima de apropiación.
Ingenio Ledesma: Empresa agroalimentaria. Se encuentran imputados Carlos Pedro Tadeo Blaquier (presidente) y Alberto Lemos (administrador) en tres causas judiciales: “Burgos” (expediente N° 195/09), “Aredez” (expediente N° 296/09) y “Bernard” (expediente N° 331/09). Se los imputa por colaborar con los secuestros aportando vehículos de la empresa (utilizados en el Apagón de Ledesma) y por proporcionar información para confeccionar listas de detención. Hasta el día de la fecha se reconocen 60 víctimas de las cuales 30 permanecen desaparecidas.
La veloz del Norte: Transporte automotor de pasajeros, su dueño Marcos Levin fue procesado y condenado a 12 años de prisión por el tribunal que determinó que “tuvo el condominio funcional del hecho con sus consortes de causa, al intervenir aportando vehículos, confeccionando listas para las detenciones, estableciendo a quién torturar y a quién no, indicando a qué hora y en qué lugar detener a los empleados, concurriendo a la comisaría en horarios desusados e impropios de un simple denunciante, resultando concomitante su presencia con las torturas que se aplicaban”. Hasta el día de la fecha se reconocen 22 víctimas.
Ford Motor Company: Empresa automotriz. Pedro Müller, ex gerente de manufactura, fue sentenciado a 10 años de prisión junto a Hector Sibila, ex jefe de seguridad, que fue sentenciado a 12 años de prisión en 2018. Se demostró que durante la dictadura, en el predio de la empresa, se montó un centro clandestino de detención y que los directivos entregaron un listado de trabajadores con legajos personales y fotografías. Hasta el día de la fecha se conocen 37 víctimas de los cuales 8 permanecen desparecidas.
Conclusión
En los párrafos anteriores intentamos describir el entramado de la política antisindical de la Dictadura Civico-Militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Los alcances de la misma son difíciles de determinar en términos cualitativos debido a la cantidad de detenidos-desparecidos que cumplían roles dentro de alguna estructura sindical, las figuras de delegado y subdelegado se vieron mermadas hasta el día de la fecha y las modificaciones aplicadas a la ley 20.774 y derogadas por la ley 21.279 aún no han sido restablecidas. Lo que sí nos parece interesante destacar es que, si bien la dictadura ejerció una dura represión con el objetivo de destruir el sindicalismo como se lo conocía para el 1976, su alcance fue limitado o se podría decir que fracasó. Ejemplos de esto son: la Huelga General de 1979 que tuvo un alto acatamiento y la conformación de la CGT Brasil que llevó como Secretario General a Saúl Ubaldini, enfrentándose a la ley 22.105. La CGT Brasil mostró una clara capacidad de aglutinar al sector obrero que le permitió realizar un segundo paro general el 22 de julio de 1981 y, con el regreso de la democracia, se lograron sancionar nuevas leyes sobre asociaciones sindicales y las obras sociales volvieron al esquema anterior.
Quiero utilizar estas últimas palabras para recordar a todos aquellos que lucharon incansablemente en las fábricas, que pusieron el cuerpo para luchar contra la privatizaciones, que persistieron en su actividad política aunque sabían que su vida estaba en juego y que, por sobre todas las cosas, fueron asesinados por luchar por una patria justa, libre y soberana. Recordemos a nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, mantengamos arriba sus banderas y luchemos para construir la Patria que tanto anhelamos.
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